Autora: Isabella Celis Campos. Artista y activista en la discusión y en el acceso a la información sobre asuntos socio-ambientales. http://isabellaceliscampos.xyz/
Desde hace algunos años se han empezado a hacer visibles las numerosas amenazas en contra de lideres socio-ambientales alrededor del mundo, una situación que se ha venido escalando drásticamente sin ser atendida ni abordada con eficacia por las autoridades locales y nacionales. Es un panorama crítico para la lucha por un mundo más justo social y ambientalmente, una práctica vital que cobra la vida de numerosas personas por intereses de unos pocos pero que afectan a todas las poblaciones y a los ecosistemas alrededor del mundo. Sin embargo, una constante para muchas personas es preguntarse por las razones y las causas de esta problemática. ¿Por qué amenazan, hostigan y asesinan a las personas que defienden la naturaleza, los territorios y, en esencia, los derechos humanos?
A veces puede llegar a ser difícil comprender las situaciones sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales que se viven en los territorios periféricos y alejados de los centros urbanos como capitales y ciudades principales. Muy probablemente tú, que estás leyendo este artículo, te encuentres en un centro urbano distante de las selvas, de los bosques, del campo o de algún resguardo o territorio étnico, y que posiblemente desconozcas los contextos de las zonas rurales: los modos y condiciones de vida, las necesidades y las problemáticas que existen y por lo tanto, las luchas y las razones por las que las personas se pronuncian y se visibilizan.
Particularmente en Latinoamérica la situación en los territorios no centralizados ha sido alarmante y desoladora desde hace muchas décadas. Desde una mirada general, los conflictos que involucran la tierra, los bienes, los servicios naturales y los derechos humanos se gestan en la conquista y la colonización de América Latina por parte de las coronas europeas. Luego, durante los procesos de independencia y las décadas posteriores, el discurso de la clase política dirigente nunca representó la diversidad cultural y social de los territorios, al contrario, lo que ha prevalecido es la invisibilización.
Asimismo, los procesos de globalización capitalista han discriminado las visiones de vida de múltiples sociedades no centralizadas como las comunidades étnicas y pueblos en los territorios rurales. Precisamente, son en estos territorios donde más pobreza y menos presencia estatal integral hay. El acceso a servicios médicos, a la educación, a servicios de saneamiento y agua potable es casi siempre nulo. Se le suma varios intereses sobre el territorio por parte de industrias y de actores armados al margen de la ley que disciernen con las visiones de las comunidades.
Con unas realidades tan críticas las personas asumen un liderazgo imprescindible y se pronuncian por visibilizar las desigualdades y vulnerabilidades, por defender los territorios, por exigir y reclamar los derechos humanos y fundamentales que los estados deben procurar a todos los ciudadanos, pero que a muchos todavía se les niega: el derecho a vivir con dignidad, el derecho a la propiedad individual y colectiva, a la seguridad social, los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad, a un nivel de vida adecuado que asegure la alimentación, la asistencia médica, la educación, entre otros muchos.
Los líderes y defensores ambientales, que desde sus territorios se pronuncian por realidades más justas, son perseguidos y amenazados, muchos viven con un constante hostigamiento y también son asesinados.
Como lo documentó el Reporte anual “Defender el mañana” realizado por Global Witness – una reconocida organización internacional que le sigue el paso a los líderes y defensores ambientales alrededor del mundo – el 2019 fue el año en el que más líderes ambientales fueron asesinados en el mundo: la penosa cifra ascendió a 212 personas. Dos tercios de estos se presentaron en Latinoamérica y Colombia fue el país con la cifra más alta nunca antes registrada, 64 líderes ambientales asesinados. Es una realidad mundial inadmisible y compleja, que requiere asentar la vista en las situaciones sociales, políticas, culturales y económicas que se han desarrollado por décadas en los territorios que los defensores salvaguardan. Revisar, estudiar y entender estos conflictos sistemáticos y estructurales posibilita generar soluciones eficientes y duraderas que resuelvan los problemas y procuren la protección y realización de los derechos humanos.
Principales factores detrás de los crímenes.
Detrás de las persecuciones y amenazas a los líderes socio-ambientales hay múltiples actores que tienen unos intereses claros sobre el territorio y que ven en las labores de los defensores un impedimento para conseguir sus objetivos.
Una causa a nivel global es el cambio del uso de la tierra para desarrollar proyectos de extracción de recursos naturales, donde se vinculan empresas del sector agrícola, minero y de hidrocarburos. A este respecto, diversas organizaciones internacionales y locales han advertido que, tanto las empresas como las instituciones gubernamentales, deben hacer la debida diligencia, escuchar a las poblaciones del territorio y aledañas y hacer efectivo los mecanismos de participación ciudadana, como los sufragios o consultas populares. Además de llevar procesos transparentes y congruentes al contexto en la entrega de licencias ambientales y concesiones de recursos como el agua y donde prevalezca la calidad de vida de las comunidades y de los ecosistemas.
El control, acaparamiento y apropiación de las tierras por parte de actores externos al territorio – como terratenientes, testaferros o grupos armados – es otro de los principales motivos que ponen en peligro a los defensores y a las poblaciones. Tener poder territorial se traduce en poseer un dominio geopolítico que puede ser generador de desplazamientos forzados de poblaciones, violaciones de D.D.H.H, pérdida de biodiversidad y desequilibrios ecológicos. Como se explicó en la entrada Liderazgo Ambiental: una práctica imprescindible los territorios y sus características geográficas hacen parte indiscutible de la identidad cultural de las comunidades que viven en él. Cuando se modifican sus propiedades o se le agrega valor económico externo también se perjudica la integridad de los habitantes.
También es clave entender que en algunas regiones el narcotráfico juega un papel dominante que crea redes y cadenas complejas de seguir donde se interconectan actores empresariales, del crimen organizado, de las instituciones gubernamentales y de la población civil.
Aquí es necesario entender que en los cultivos ilícitos se encuentras las personas más vulnerables de la cadena y las que llevan la peor parte, pues son los campesinos, que se ven obligados a sembrar coca, amapola o marihuana como la única forma de ingresos para subsistir, los que terminan por completo afectados debido a programas de erradicación forzada y a desplazamientos forzados si se oponen a la siembra o a la erradicación.
El narcotráfico es uno de los problemas más complejos que existen y el lente con el que se ha visto el problema no ha sido el adecuado, es necesario que se replantee el entendimiento integral del problema por parte de los dirigentes para concertar soluciones adecuadas con las propias comunidades.
Por último, el grave problema de la corrupción resuena en cada problemática. El mal uso de los poderes y facultades de los funcionarios – tanto en el sector privado como en el público – facilita que estos crímenes se sigan perpetuando y dificulta sus procesos de esclarecimiento. Retroalimenta negativamente los conflictos, favorece y oculta a los culpables.
No se puede continuar la lucha por realidades más justas social y ambientalmente si los que la defienden y la lideran siguen siendo asesinados y reducidos. Los estados, a través de sus gobiernos, deben proteger el derecho a la seguridad de las personas defensoras y abordar la inseguridad legal, así como fortalecer sus instituciones para evitar la corrupción y para hacer la debida justicia jurídica a los responsables.
Las empresas también deben desarrollar y ejecutar políticas en contra de todo tipo de amenazas contra líderes y defensores y deben cooperar en las investigaciones. Es el momento de entender que los temas ambientales no solo les competen a los líderes ambientales o a los gobiernos de turno. Es necesario que todos adoptemos una posición crítica frente a las violaciones de los derechos, que escuchemos las demandas y ayudemos a visibilizarlas y amplificarlas. En estos momentos se vislumbran soluciones regionales como el Acuerdo de Escazú que posibilitará, entre varias cosas, el acceso a la información y a las garantías para ejercer la defensa y el liderazgo social y ambiental.